EL FUTURO DE LAS PENSIONES DE TRES GENERACIONES PDF Imprimir Correo
Escrito por pcmadrid   
Miércoles, 28 de Febrero de 2018 17:05

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La Comisión Europea de Empleo y Asuntos Sociales lo ha dejado muy claro, en noviembre de 2017, fecha en la que presentó su informe sobre la situación social en Europa y sus recomendaciones, para España decía: “los jóvenes están abocados a un futuro de bajas pensiones, deberán pagar más para sostener las pensiones y tendrán prestaciones más bajas en relación a su salario”.

Las propuestas del Gobierno y su partido, en el Comisión del Pacto de Toledo, para alargar el número de años para calcular la cuantía de las pensiones a 30 años, 40 o toda la vida laboral. Por cada año que se alargue el periodo de cálculo las pensiones futuras sufrirán una pérdida de un punto respecto a cómo se calculan en la actualidad. Lo que podría suponer una reducción de las futuras pensiones en más de un 35%.

La beata ministra de Empleo, Sor Fátima Báñez creyente y practicante de las tesis económicas neoliberales, en defensa de la propuesta del PP, ha argumentado que la propuesta de su partido de ampliar a toda la vida laboral el cálculo de las pensiones seria “voluntaria” para las trabajadoras que teniendo una trayectoria de largas cotizaciones, más de 37 años cotizados, se ven perjudicados por las consecuencias de la crisis, por el paro, los ERE o un cambio de profesión con salarios más bajos.

Dicha propuesta es un caramelo con el que endulzar la amargura del contenido de su propuesta.

Alargar los años de cotización supone incorporar bases de cotización más antiguas y más bajas para calcular las pensiones. Y no hay que tener una licenciatura en economía para saber que al hacer la media se acaba reduciendo la cuantía de la pensión.

Aceptando que un reducido número de trabajadoras mayores y con muchos años cotizados, pero que en los últimos años de su vida laboral sus cotizaciones han sido inferiores a las que venía realizando, como las paradas de larga duración en edad de jubilarse, pudieran beneficiarse al poder elegir si recurrir o no a toda la vida laboral para calcular sus pensiones, pero esta propuesta excluye de esos supuestos beneficios a la mayoría de la clase trabajadora.

La propuesta del PP es selectiva y excluyente, pues deja fuera de la misma a las trabajadoras con empleo precario y bajos salarios y cortas trayectoria de cotizaciones como: a las jóvenes, mujeres e inmigrantes, que configuran la gran mayoría de los condenados al paro que durante la crisis han visto drásticamente rebajados sus salarios.

Ampliar a 30 años, 40 años o toda la vida laboral perjudica de manera potencial al colectivo de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo en condiciones de precariedad, contratos temporales o parciales, con salarios de miseria y bajas cotizaciones debido al actual modelo de mercado de trabajo como consecuencia de la reforma laboral de 2013 del PP. Por tanto la propuesta del PP penalizaría gravemente sus futuras pensiones.

 

 

Con esta propuesta el PP no buscan las pensiones de los jubilados actuales. Estas ya las tienen:

Con las reformas de las pensiones que han realizado en los últimos 30 años se las han recortado en más de un 20%, aumentando progresivamente los años necesarios para acceder a una pensión contributiva al ampliar de 2 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de las pensiones.

La aplicación del 0,25% como índice de revalorización de las pensiones, garantiza una pérdida de su poder adquisitivo cada año. La pérdida acumulada de poder adquisitivo en los últimos tres años es de un 1,5%, cantidad equivalente a 2.500 millones de euros. Si a esta pérdida de poder adquisitivo de las pensionistas le sumamos la subida de los precios de la energía que fue de un 10% en 2017, estaríamos hablando de una pérdida acumulada de poder adquisitivo de las pensiones de 11,5% lo que supone un mayor aumento de la pobreza energética, más personas mayores pasando frio en invierno debido a las actuales pensiones de miseria.

 

Ahora vienen a por las pensiones futuras:

Las pensiones de las trabajadoras que tienen entre 35 o 40 años y aún les quedan 25 o 30 años por cotizar hasta la edad de jubilación a los 67 años.

Las de los jóvenes que se están incorporando por primera vez al mercado de trabajo con contratos precarios y salarios de miseria. A estas futuras trabajadoras que ya les están diciendo que si quieren tener una pensión algo digna que se vayan haciendo un plan de pensiones privado. Ahora tendrán que decidir si quieren comer o tener una pensión en el futuro, para seguir pasando hambre y frio.

Las pensiones de las hijas de estas trabajadoras que aún no tienen la edad para acceder al mercado de trabajo, pero que ya son firmes candidatas para formar parte de la nómina precaria futura de los grandes monopolios de la oligarquía capitalista.

Tres generaciones de futuras pensionistas están en el punto de mira de las nuevas reformas que se ciernen sobre el sistema público de pensiones y que si no lo impedimos pueden asestar un golpe mortal al sistema público de pensiones para transformarlo en un sistema paliativo que solo servirá para tratar los casos extremos de quienes desde la precariedad y pobreza laboral no lleguen a la jubilación.

Y con ello habrán sentado las bases para lograr lo que el sistema capitalista nacional o extranjero vienen persiguiendo desde hace años: potenciar los planes de pensiones privados y acceder al control de los 110.000 millones de euros que mueven las pensiones públicas.

El mensaje que vienen dando desde Washington a Berlín; el FMI a La UE; el Banco de España, el Santander, el BBVA, la Caixa, De Guindos o Sor Fatiga ministra de empleo es: quien quiera tener una pensión mínimamente digna, más allá de la mera de subsistencia, tendrán que ir pensando en suscribir un plan de pensiones privado.

Todos los actores del gran capital monopolista y financiero se está preparando para que la nueva reforma de las pensiones sea una conquista de sus objetivos de liquidación del sistema público de pensiones. Por lo tanto estamos ante uno de los retos más importantes a los que nos tenemos que enfrentar en este año 2018.

No es cierto como pretenden hacernos creer quienes quieren apropiarse del sistema de pensiones, que faltan recursos económicos para mantener el sistema público de pensiones. Lo que falta es voluntad e interés político para hacerlo.

 

Esto es una falacia más en este entramado de manipulación de una opinión publica desinformada y atemorizada. Porque, en definitiva, es el Estado el que tiene que hacer frente a sus responsabilidades, tanto si las cotizaciones no llegan, como si el Fondo de Reserva se agota.

Si un empresario hubiera hecho, lo que ha hecho el PP con el Fondo de Reserva de las Pensiones estaría en la cárcel.

El sistema Público de Pensiones es un puntal básico del Estado de Bienestar y garantía de que, en la vejez, después de muchos años de trabajo, cotizando y pagando impuestos, nuestros mayores puedan llevar una vida mínimamente digna.

 

Por ello proponemos:

Las pensiones se tienen que garantizar en la Constitución como un derecho: Una constitución que consolide los derechos de la clase trabajadora y de obligado cumplimiento por parte de los gobiernos de turno, incluso por medio de un Real Decreto Ley para una mayor garantía de su cumplimiento.

La financiación de las pensiones se hará por medio de las cotizaciones de las trabajadoras y con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado

Derogación de la reforma de las pensiones del 2013 del PP, que por un lado establece una fórmula, de revalorización de las pensiones y, por otro, establece y anticipa a 2019 el llamado factor de sostenibilidad.

Derogación de la reforma de las pensiones del 2011 del PSOE, que supuso un aumento de la edad de jubilación a los 67 años.

Una reforma fiscal progresiva para que paguen más, los que más tienen.

Ninguna pensión por debajo del SMI contributivas o no contributivas.

Rotundo rechazo a que segreguen de la Seguridad Social, estableciendo una forma de financiación diferencial las muertes y supervivencia, con el punto de mira puesto en las pensiones de Viudedad, tan de carácter contributivo, como las de jubilación, incapacidad, y orfandad.

Recuperar la soberanía económica mediante la derogación del texto del Artículo 135 de la Constitución.

 

CAMBIAR EL MUNDO NO ES UTOPIA SINO JUSTICIA SOCIAL